De la Certidumbre Jurídica a la Certidumbre real

Hace muy pocos días comunicamos que una empresa había tomado formalmente la posesión de un predio que estuvo en litigio, al ser entregado los documentos en manos de la actuaria de un juzgado.

Los juicios siempre son así, hay una sentencia o una resolución del juez que favorece a alguien y perjudica a otra parte. Ocurre tanto en los divorcios, como en los casos de familia, de propiedad, y en innumerables situaciones que hacen que hacen que el mismo Estado sea juez en los litigios entre civiles, sean éstos ejidatarios o empresarios, locales o extranjeros.

Ante la ley, todos somos iguales, y nadie tiene preferencia sobre otro por ser local, o porque su padre o su abuelo fue dueño de tales o cuales predios.

Dicha Igualdad de partes, se ve reflejada en la misma Constitución mexicana, por lo que de una vez por todas y para que no queden dudas, no existen privilegios para nadie por el solo hecho de haber nacido en ésta tierra. Ante la Ley todos somos iguales.

El Artículo 1 de la Constitución Nacional, dice en su última parte: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas“. Y existen innumerables resoluciones judiciales que confirman ese criterio, por lo que dicho texto no es “letra muerta”.

Ante ello, cualquiera que alegue lo contrario, solo lo hace por pura ignorancia de las leyes, y por sobre todo, de la misma Constitución Nacional que protege a las Personas, sean éstas físicas o morales, es decir, sean seres humanos, o empresas.

Por eso resulta peligroso ver como sujetos “amparados” en su condición de locales, atropellen el Orden Público, bloqueando caminos o invadiendo predios.

Y ese es el caso que ocurrió con la resolución judicial que favoreció a la empresa Península de los Sueños, en donde un actuario del juzgado le da la posesión formal de un predio, mostrando así la Certidumbre Jurídica que debe existir en todo el territorio nacional para que a nivel internacional nos consideren serios.

De nada sirve que después los gobernadores gasten tanto dinero para ir a otros países y fomentar el Turismo y la Inversión en éste estado, si después el Estado no tiene la autoridad para dirimir situaciones vergonzosas donde vecinos o desconocidos hacen “Justicia por mano propia“, entrando e invadiendo, destruyendo y hasta burlándose de la Justicia mexicana. De esa manera solo se envía un mensaje: Baja California Sur no es confiable para las inversiones internacionales, y por lo tanto, después se verá en qué trabajará su pueblo, ¿o acaso creen que el Estado se encargará de los sueldos de todos los que queden sin trabajo cuando sigan espantando empresas?